Santo Domingo .- La mayoría de las personas que tienen un salario mínimo en República Dominicana, y que desean tener su casa propia, deben esperar ser agraciadas por uno de los proyectos sociales que desarrolla el Gobierno, debido a que sus bajos ingresos no les permitirían calificar para comprar una vivienda de bajo costo a través de un préstamo hipotecario.
Así también lo entiende el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Héctor Bretón, quien aclaró que las viviendas que están desarrollando distintos constructores a raíz de la Ley 189-11 son viviendas de bajo costo y no de interés social.
“Recuerda que estamos hablando de viviendas de bajo costo, a las que en nuestro país se les llama viviendas
económicas. Ahora, nuestra Ley contempla qué es vivienda de bajo costo, que es muy diferente a la vivienda de interés social, que son aquellas que van dirigidas a familias que no tienen ingresos fijos, familias que sus ingresos no son constantes, que no pueden ir al mercado a comprar sus viviendas, esas viviendas son una responsabilidad directa del Estado”, dijo.Así también lo entiende el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Héctor Bretón, quien aclaró que las viviendas que están desarrollando distintos constructores a raíz de la Ley 189-11 son viviendas de bajo costo y no de interés social.
“Recuerda que estamos hablando de viviendas de bajo costo, a las que en nuestro país se les llama viviendas
El empresario hizo estas declaraciones luego de ofrecer una rueda de prensa para denunciar que los ajustes a los precios de las viviendas de bajo costo publicados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el pasado jueves 28 de mayo, se realizaron en contravención a las leyes y decretos que rigen y norman la valoración de la vivienda de bajo costo, al tiempo que alejan a miles de familias de las posibilidades de acceder a viviendas propias.
Durante un acto en el que, además de Acoprovi, participaron la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON) y otras entidades, afirmaron que la DGII viola las disposiciones del Código Tributario, de la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, el Decreto 359-12 sobre acreditación de proyectos de viviendas de bajo costo.
Bretón dijo que de conformidad con el párrafo 26 del Decreto 359-12, el precio tope de las viviendas de bajo costo que pueden beneficiarse de los incentivos de la Ley 189-11 es de RD$2,829,572.35, en cambio la DGII considera que el tope es de RD$2,307,060.92.
Dicen Dgii trata de anular incentivos
Además, Acoprovi destaca: “De igual forma, con la publicación de la norma 01- 2015, la DGII trata de anular los incentivos previstos por la ley 189-11 en su artículo 131 que exonera a los fideicomisos para la producción de viviendas de bajo costo, de todo tipo de impuestos sobre la construcción, la ganancia de capitales y el impuesto sobre la renta, así como cualquier otro impuesto que afecta a la construcción de este tipo de proyecto, en el entendido de que ningún impuesto podrá aplicarse a la construcción de la vivienda de bajo costo”.
Fuente: Diario Libre.-
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