Michel Martelly.
Puerto Príncipe, Haití .- El país está listo para recibir con dignidad a sus hijos, aseveró hoy el presidente haitiano, Michel Martelly, después de cerrar ayer el plazo de regularización de extranjeros en República Dominicana.
Agregó que una comisión integrada por Unión Europea, Comunidad de Estados del Caribe y autoridades haitianas supervisará la repatriación de ilegales que ocurrirá desde el vecino país.
El mandatario responsabilizó al Gobierno vecino por los dominicanos de ascendencia haitiana que puedan ser deportados a su país y en ese caso la comisión puede intervenir, dijo, porque "se trata de una cuestión de derechos humanos".
Aquí se explicó que autoridades haitianas y dominicanas acordaron que las repatriaciones se realizarán en el marco de un protocolo establecido por los dos países.
También conformaron una comisión bilateral que comenzará a trabajar esta semana, y que tiene que hacer frente a los procedimientos y el proceso mismo de la repatriación de los migrantes indocumentados.
República Dominicana concluyó la víspera un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros iniciado el año pasado en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Esa instancia había determinado en 2013 que una mujer de ascendencia haitiana nacida en República Dominicana, Juliana Deguis Pierre, no tenía derecho a la nacionalidad de ese país.
El tribunal tuvo en cuenta para ello que Deguis era hija de padres cuya condición de "extranjeros en tránsito" (sin residencia legal) la excluía de optar por ese derecho.
Tal veredicto generó cuestionamientos y entonces la decisión fue regularizar durante todo un año la situación de los inmigrantes y regresar a su país de origen a quienes no aprovecharan esa oportunidad.
El candidato a la presidencia de Haití por el Partido Federalista, Fred Brutus, admitió que "parte de los problemas de sus connacionales para aplicar en ese plan han sido consecuencia de la incapacidad del propio Gobierno haitiano para proveer de documentos a sus ciudadanos".
También declaró que los dominicanos tienen derecho a ordenar la presencia de extranjeros en su territorio, pero recordó que fueron el Gobierno y los empresarios quienes los contrataron sin garantizarles un estatus digno "por lo que necesitan ser comprendidos y no humillados".
Asimismo, dijo que en Haití hay un temor a las repatriaciones, "no porque no se respeten los derechos humanos, sino por la gran cantidad de personas que pudieran ser repatriadas, lo cual sería un gran problema para el lado más empobrecido de la isla".
Agregó que una comisión integrada por Unión Europea, Comunidad de Estados del Caribe y autoridades haitianas supervisará la repatriación de ilegales que ocurrirá desde el vecino país.
El mandatario responsabilizó al Gobierno vecino por los dominicanos de ascendencia haitiana que puedan ser deportados a su país y en ese caso la comisión puede intervenir, dijo, porque "se trata de una cuestión de derechos humanos".
Aquí se explicó que autoridades haitianas y dominicanas acordaron que las repatriaciones se realizarán en el marco de un protocolo establecido por los dos países.
También conformaron una comisión bilateral que comenzará a trabajar esta semana, y que tiene que hacer frente a los procedimientos y el proceso mismo de la repatriación de los migrantes indocumentados.
República Dominicana concluyó la víspera un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros iniciado el año pasado en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Esa instancia había determinado en 2013 que una mujer de ascendencia haitiana nacida en República Dominicana, Juliana Deguis Pierre, no tenía derecho a la nacionalidad de ese país.
El tribunal tuvo en cuenta para ello que Deguis era hija de padres cuya condición de "extranjeros en tránsito" (sin residencia legal) la excluía de optar por ese derecho.
Tal veredicto generó cuestionamientos y entonces la decisión fue regularizar durante todo un año la situación de los inmigrantes y regresar a su país de origen a quienes no aprovecharan esa oportunidad.
El candidato a la presidencia de Haití por el Partido Federalista, Fred Brutus, admitió que "parte de los problemas de sus connacionales para aplicar en ese plan han sido consecuencia de la incapacidad del propio Gobierno haitiano para proveer de documentos a sus ciudadanos".
También declaró que los dominicanos tienen derecho a ordenar la presencia de extranjeros en su territorio, pero recordó que fueron el Gobierno y los empresarios quienes los contrataron sin garantizarles un estatus digno "por lo que necesitan ser comprendidos y no humillados".
Asimismo, dijo que en Haití hay un temor a las repatriaciones, "no porque no se respeten los derechos humanos, sino por la gran cantidad de personas que pudieran ser repatriadas, lo cual sería un gran problema para el lado más empobrecido de la isla".
Fuente: Prensa Latina.-
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