pesadilla jurídica" que se encuentre en el banquillo de los acusados.
La fiscalía ha pedido ocho años de cárcel para la infanta, acusada de cooperadora en dos delitos fiscales de su esposo, Iñaki Urdangarín.
La hermana del rey habría librado facturas contra el instituto Noos que dirigía su esposo por servicios falsos y haciendo pasar gastos personales como deducibles del fisco como fiestas infantiles de sus hijos, un safari en Africa y el catering de su cumpleaños. El abogado de la infanta, Jesús Silva, pidió para que sea exculpada que se le aplique la llamada "doctrina Botín", que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular.
El sindicato de derechas Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, es el único que acusa a la infanta, mientras que no lo hacen ni la fiscalía anticorrupción, que representa al Estado, ni el perjudicado, el fisco español.
Fuente: Ansa Latina.-
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